Entre los días 14 y 15 de diciembre el pleno de la OCDE, conjuntamente con los países de la Unión Europea realizaron una declaración de principios para potenciar el «acceso legítimo» de los gobiernos a los datos personales de los ciudadanos sobre la base de valores comunes, entre los cuales tenemos:

Base Legal: el acceso a los datos debe estar regulado en el marco jurídico de los Estados, disponiendo expresamente los fines, las condiciones, las limitaciones y las salvaguardias en relación con el acceso gubernamental, de modo que los individuos dispongan de garantías suficientes contra el riesgo de uso indebido y abuso.

Objetivos «legítimos y específicos» para el acceso;

Aprobación previa, el acceso se debe realizar de acuerdo a las normas, reglas y procedimientos aplicables;

Tratamiento de datos: los datos personales obtenidos por el Estado deben ser procesados y tratados por el personal autorizado con la aplicación de medidas físicas, técnicas y administrativas para mantener la privacidad, la seguridad, la confidencialidad y la integridad de datos.

Transparencia. Estos mecanismos incluyen la presentación de informes públicos por parte de los organismos de supervisión sobre el cumplimiento de los requisitos legales por parte del gobierno, así como los procedimientos para solicitar el acceso a los registros del gobierno.

Supervisión. Existen mecanismos para una supervisión eficaz e imparcial que garantice que el acceso de los gobiernos a los datos respeta el marco jurídico aplicable.

Reparación. Los medios de reparación previstos incluyen, en función de las condiciones aplicables, el cese del acceso, la supresión de los datos a los que se haya accedido o que se hayan conservado indebidamente, el restablecimiento de la integridad de los datos y el cese del tratamiento ilícito.

La protección a los datos personales y la privacidad se ha convertido en un derecho universal que debe ser tutelado con la mayor de la garantía y la aplicación del principio del principio de legalidad para el acceso gubernamental de los datos en custodia de entidades privadas está en la agenda de la OCDE y la unión europea.

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